¿Quién paga realmente la ropa low cost?
Para aquellos que tienen un presupuesto limitado, una camiseta por cinco euros puede parecer una buena oportunidad, o un chollo, como se suele decir. La moda rápida, comúnmente conocida como fast fashion, permite acceder a prendas económicas. Sin embargo, detrás de estos precios surge una pregunta: ¿quién asume los costes de una ropa a un precio tan bajo en una economía como la actual? La fast fashion facilita el acceso a la moda, pero también plantea desigualdades sociales y económicas que no deberían ocultarse tras una etiqueta o una sensación de ahorro.
En primer lugar, el consumo de ropa no depende únicamente de nuestras necesidades, sino también de la presión social, es decir, las redes sociales, los hauls y las tendencias pasajeras convierten las prendas en una forma de expresar nuestra identidad y encajar en grupos. Esta manera de funcionar puede generar la sensación de que repetir ropa está desfasado o de que siempre necesitamos algo nuevo. Asimismo, comprar deja de ser una decisión exclusivamente práctica y se convierte también en una respuesta a las expectativas sociales de las que nadie se salva.
En cuanto a los precios bajos, aunque lo parezca, no eliminan los costes de produccion. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el sector textil y de la confección en Asia emplea a millones de personas y sigue afronando desafíos relacionados con las condiciones laborales y los derechos de los trabajadores. Esto nos lleva a cuestionarnos si la ropa a bajo precio puede tener un coste social que no aparece reflejado en su precio. Además, la Agencia Europea de Medio Ambiente señala que, cada persona de la Unión Europea consumió una media de 19 kilos de ropa, calzado y textiles del hogar, en 2022, ante los 17 kilos de 2019. Aunque estos datos no demuestran que la publicidad sea la causa directa del aumento, sí que muestran la magnitud del consumo textil.
Por otra parte es cierto que la ropa a bajo precio permite a muchas personas vestir según sus gustos y sentirse cómoda en la sociedad sin gastar mucho. Por eso, no sería justo que toda la culpa recaiga sobre el consumidor que no puede permitirse un alto gasto. Esta responsabilidad también corresponde a las marcas, que deberían ofrecer mayor transparencia sobre sus procesos productivos, y a la publicidad, que puede fomentar un consumo más consciente al ser la fuente a la que gran parte del público atiende.
Esto no se trata de renunciar a la moda, sino de cuestionar el modelo que la sostiene y empezar a actuar. Vestir a un precio razonable no debería depender de unas condiciones laborales injustas, ni de la presión social por seguir tendencias que pueden durar solo días. Para avanzar hacia una industria más responsable, las marcas deben apostar por una mayor transparencia, y la publicidad, como ya he mencionado, promover hábitos de consumo más sostenibles. El verdadero reto es que la moda sea asequible para todos sin que su bajo precio implique un coste social que otros tengan que asumir.
