Que no nos digan que se arregla con prohibiciones: sobre el aborto, la salud y la desigualdad
Soy estudiante de primero de Publicidad, y escribo esto desde ese lugar donde se mezclan lo emocional con lo práctico: la vida cotidiana.
Hablar del aborto no es un ejercicio académico, es hablar de mujeres reales, de decisiones difíciles tomadas con miedo, sin recursos y muchas veces en soledad. Y sobre todo, es hablar de las consecuencias que tienen para nuestra salud cuando se fuerza la clandestinidad.
Decir que prohibir el aborto evita abortos, es una simplificación peligrosa. La evidencia internacional demuestra que cuando el acceso es difícil o ilegal, no desaparece la demanda:
lo que aparece son prácticas más inseguras, proveedores clandestinos que se lucran y mujeres que pagan con su salud e incluso con su vida.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año unas 47.000 mujeres mueren por complicaciones de abortos inseguros, y millones más sufren secuelas físicas o psicológicas.
Apoyar el derecho a un aborto seguro no es promoverlo, es proteger vidas.
Además, casi la mitad de los abortos realizados en el mundo han sido clasificados como “inseguros”,
según estudios de la OMS y el Guttmacher Institute.
La mayoría ocurren en países donde la ley los restringe, lo que demuestra que la ilegalidad no elimina el aborto: lo hace más peligroso.
Mi postura es clara: defender el derecho a un aborto seguro y legal no es una postura fría ni extrema, es una apuesta por la vida.
Desde la publicidad aprendemos la importancia de la información clara, accesible y humana;
lo mismo debería pasar con la salud sexual y reproductiva.
Cuando se invierte en educación, anticoncepción y servicios sanitarios accesibles, los abortos inseguros disminuyen.
Aquí entra algo que me parece fundamental: la desigualdad de género. Porque mientras a nosotras se nos juzga, se nos exige y se nos culpa, a los hombres apenas se les menciona. El embarazo, el miedo, el riesgo y la vergüenza recaen casi siempre sobre la mujer. Y cuando el aborto se criminaliza, somos nosotras las que cargamos con las consecuencias físicas, sociales y legales, mientras muchos hombres siguen su vida sin mirar atrás.
También hay una desigualdad económica que agrava todo: las mujeres con recursos pueden viajar o pagar un aborto seguro; las que no los tienen, son empujadas hacia lugares clandestinos donde arriesgan su vida. Es una cuestión de clase, sí, pero también de género.
La ley debería protegernos a todas por igual, no solo a las que pueden permitírselo.
Como futura publicitaria, me interesa mucho el discurso que rodea este tema. Estigmatizar no arregla nada. Necesitamos campañas claras, humanas y sin morbo, que informen sobre opciones, cuidados y derechos. Defender la legalidad y el acceso seguro no significa promover el aborto:
significa reducir hospitalizaciones, infecciones y muertes evitables, y sobre todo, poner en el centro la autonomía y la libertad de las mujeres.
El cuerpo de una mujer no debería ser un campo de batalla política.
En conclusión, las prohibiciones empujan la práctica al margen, generan lucro ilícito y matan.
Si de verdad queremos reducir abortos inseguros, hay que invertir en salud pública, educación sexual y marcos legales que acompañen, no castiguen.
No es una cuestión moral abstracta: es medicina, economía, justicia social y, sobre todo, igualdad.
Porque cuando una mujer tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo, está ejerciendo la libertad más básica que puede tener.
