Propaganda política: la nueva moda
La ley que protege el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en España no es un privilegio: es una conquista de libertades y de salud pública que garantiza que cada persona pueda decidir sobre su propio cuerpo. Blindarla en la Constitución es un paso necesario para evitar retrocesos y para consolidar un país que pone la autonomía y la igualdad por encima del dogma. Defender esta ley es defender la dignidad, la sanidad pública y la libertad individual frente a quienes pretenden imponer su moral sobre los demás.
En este contexto, las declaraciones recientes de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso resultan profundamente preocupantes. Su discurso, envuelto en una falsa neutralidad, esconde un intento de devolver el debate a terrenos ya superados. Cuando habla de que el aborto debe ser “seguro y poco frecuente”, o califica las cifras de “atroces”, no está aportando soluciones, sino culpabilizando. No propone educación sexual, ni acceso universal a anticonceptivos, ni apoyo a la salud reproductiva: solo lanza mensajes que juzgan y estigmatizan.
Más grave aún es su resistencia a cumplir la ley en su propia comunidad, negándose a crear un registro de objetores de conciencia, lo que dificulta que las mujeres accedan a este derecho en la sanidad pública. No cumplir la ley no es defender la libertad de los profesionales, es poner trabas a las pacientes.
El aborto no es una cuestión de ideología, sino de derechos y de salud. Las instituciones deben proteger y garantizar ese derecho, no ponerlo en duda con discursos que huelen a retroceso. España no puede permitirse volver atrás en conquistas que han costado décadas de lucha y conciencia social. Porque decidir no es un delito ni un fracaso: es una expresión legítima de libertad y de responsabilidad.
