La regulación de influencers: transparencia y madurez digital
La implantación de una norma específica para poder publicitar cualquier tipo de servicio y bien en redes sociales marca la madurez necesaria que debe tener un influencer para realizar cualquier cosa relacionada con el marketing. Esta nueva exigencia me parece de lo más correcta ya que durante varios años ha sido muy difícil poder diferenciar una recomendación de una publicidad hecha por un influencer. Esto ocasiona que la posibilidad de distinguirlas haya sido demasiado ambigua. Esta nueva ley exige la identificación clara y explícita de cualquier contenido promocional lo que beneficia al consumidor, ya que le permite tomar las decisiones de manera informada sin caer en ningún tipo de publicidad encubierta. Asimismo, al influencer se le impone una responsabilidad ética y legal. Desde mi punto de vista, la implantación de esta nueva normativa podría crear un ambiente más seguro a la hora de consumir publicidad por parte de los influenciadores.
Una de las metas más importantes de esta ley es la protección de la parte del público más vulnerable como los menores de edad. La norma establece una serie de restricciones claras sobre la acción de promocionar productos sensibles como el alcohol, tabaco o plataformas del juego de azar. La aplicación de la normativa a estos escenarios me parece de lo más acertada para así poder mantener seguros a los consumidores. También obliga a los creadores a etiquetar y separar el contenido que pueda ser perjudicial. Esta nueva norma asegura pues que el alcance que tenga un influencer pueda ser utilizado con responsabilidad social, poniendo ciertos límites para evitar la exposición de mensajes desubicados o cualquier tema que genere un consumo irresponsable a los públicos infantiles.
Lejos de ser un obstáculo, es un catalizador para la profesionalización del sector de influencers. Cuando las reglas tienen claridad aumenta tanto la credibilidad que tiene el creador como la de las marcas con las que colaboran. La nueva ley fomenta una competencia sana, intentado penalizar el engaño y premiando a aquellos perfiles públicos que crean una comunidad a partir de usuarios honestos. También otorga una seguridad jurídica a una actividad económica con mucha demanda, lo que la hace pasar de un espacio informal a un entorno serio y regulado, en beneficio de todos los perfiles involucrados.
